La próxima Constitución podría incluir el derecho al acceso a la montaña, entre una larga lista de innovaciones. Así, la propuesta de nueva Carta Magna podría pasar de una escueta referencia al medioambiente -la actual consagra el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación- a un catálogo de derechos y garantías bastante extenso.
Esto porque a un mes del fin del plazo de ingreso de iniciativas, ya son siete las propuestas que buscan incluir otros principios y definiciones relacionados a la protección del medioambiente y los recursos naturales.
“Creo que la presentación hasta ahora de estas propuestas está mostrando que la Constitución del 2022 de todas maneras va a ser más ambiciosa en lo ambiental“, opina Valentina Durán, abogada y directora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho Universidad de Chile.
Entre esas está, por ejemplo el texto que ingresaron constituyentes de varios sectores que busca que las personas tengan “derecho al agua suficiente, segura, aceptable, potable, libre de contaminación, físicamente accesible y asequible económicamente para uso personal y doméstico“.
Otra de las propuestas establece que el Estado reconoce a la atmósfera “como un bien natural común, el cual comprende desde el aire que respiran sus habitantes hasta el cielo a través del cual ven el espacio. La protección y restauración de sus características naturales son objetivos de interés público y las tareas necesarias para su logro son deberes del Estado”.
Esta además estipula que las personas y comunidades tienen derecho “al disfrute de una atmósfera libre de cualquier tipo de contaminación, existente en cualquier parte del territorio nacional, que permita respirar aire puro y observar cielos oscuros“.
Los derechos de la naturaleza y el acceso a la montaña
Entre otra de las innovaciones que presentaron constituyentes está una de autoría del Frente Amplio, que le entrega la titularidad de derechos fundamentales a las personas y dice además que “la naturaleza será titular de los derechos que le sean aplicables y los que reconozca la Constitución”.
En cuanto a la protección del medioambiente, en específico hay una propuesta ingresada por convencionales de Vamos por Chile que estipula que es deber del Estado y de toda persona “proteger y conservar el medioambiente y los bienes públicos. La destrucción, daño o menoscabo ambiental generará las responsabilidades que establezca la ley. Las actividades económicas que tengan efecto en el medioambiente se sujetarán a las normativas medioambientales vigentes”.
Otra, también de Vamos por Chile, busca consagrar el deber del Estado de velar por la protección del medioambiente, asegurando a las personas “el derecho a vivir en un entorno sano y libre de contaminación“. Y busca que se cree una institucionalidad que permita monitorear los efectos del cambio climático.
Además, suma un deber para las personas: “Contribuir a la protección del medio ambiente y a la conservación de la biodiversidad”.
En tanto, esta semana convencionales de MSC, Pueblo Constituyente y Frente Amplio presentaron una propuesta que busca que la nueva Carta Magna contemple el principio de “acción climática justa“.
El texto parte diciendo que “Chile y sus pueblos se comprometen en la lucha contra el cambio climático”, y que el Estado tiene el deber de “asegurar el buen vivir de las generaciones presentes y futuras y avanzar de manera sostenida en la prevención y reducción de los riesgos provocados por el cambio climático, la transformación, la transición justa, y la restauración de los equilibrios ecosistémicos”.
Un punto del documento explicita que, para conseguir eso, “el Estado elaborará, promoverá y ejecutará políticas de transformación, mitigación y adaptación a partir de un enfoque de equidad y solidaridad entre territorios, comunidades y generaciones, que garanticen el pleno respeto de los derechos humanos y de la Naturaleza, especialmente los derechos de los pueblos indígenas”.
Otra de las propuestas que contemplan una innovación en la Carta Fundamental es la de garantizar el derecho de acceso a la montaña y el uso de senderos ancestrales, que un grupo de constituyentes de Apruebo Dignidad, Colectivo Socialista, escaños reservados, MSC y Pueblo Constituyente consagra como una obligación del Estado.
El texto establece que “en caso de impedimentos o colisión de derechos, el Estado velará prioritariamente por la protección de la biodiversidad y los ecosistemas de montaña y por el ejercicio del derecho de uso con autocuidado y responsable con el entorno”.
Además, que en caso de actividades de desarrollo económico, estas tendrán que ser “ecológicamente sustentables, resguardando el patrimonio natural, las funciones ecosistémicas y la cultura de las comunidades pertenecientes al territorio”.
Las opiniones entre los académicos
El extender el catálogo de derechos y deberes con relación al medioambiente y los recursos naturales en la Constitución es una opción que genera varias opiniones entre los académicos. La misma Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico recibió diversas audiencias en cuanto a aquello: expuso por ejemplo el profesor de Derecho Ambiental y director de la ONG Fima, Ezio Costa, uno de los impulsores de mayores cambios en la Carta Fundamental que más adeptos tiene entre los constituyentes; pero también han recibido exposiciones de otros académicos que consideran que las mayores modificaciones deben hacerse a las leyes u otras normas.
A juicio de la Máster en Derecho Ambiental, Valentina Durán, hay propuestas destacables, como la que busca la protección de la atmósfera, porque “introduce por primera vez a la atmósfera como un objeto de protección desde distintas perspectivas, y no solamente en el cambio climático”.
O la del agua, porque “es importante destacar que esta propuesta de norma contiene también una referencia a que toda persona y comunidad tiene derecho al acceso desde un punto de vista físico, ecológico, cultural y económico en todos los ámbitos de la vida a un saneamiento salubre, higiénico, seguro, social, aceptable, teniendo en consideración la protección de las labores de cuidado, las necesidades de mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas mayores, personas en situación de discapacidad”.
Así, la directora del Centro de Derecho Ambiental remarca que la próxima Carta Magna, según las iniciativas presentadas, podría “establecer un deber reforzado del Estado, mejorar la garantía constitucional relativa al medio ambiente, entender como base el derecho humano al agua y al saneamiento con una comprensión de los distintos usos del agua, y además reconocer ciertos elementos y valores de nuestra geografía, como el maritorio, como la Antártica, y como la montaña”. No obstante, hay aprensiones entre otros académicos sobre cuánto efecto pueden hacer estas nuevas normas en la Constitución. “Dentro de todas, la que me parece más razonable es sin duda la de la acción climática justa. Está súper alineado con lo que cualquier país del mundo necesita hacer para afrontar los desafíos del cambio climático, creo que está bien apuntado”, asegura Rodrigo Arriagada, director del Centro para el Impacto Socioeconómico de las Políticas Ambientales y profesor asociado del Departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente de la UC.
No obstante, Arriagada advierte que “el que Chile dedique muchos recursos a la mitigación puede ser un despropósito pensando que Chile debe resolver muchos problemas estructurales. Esa moción hay que considerarla con cuidado, porque si la mitigación se convierte en la justificación para comenzar a entorpecer el desarrollo de ciertas actividades económicas, podemos terminar disparándonos en los pies nosotros mismos”.
De acuerdo con el académico, no todos temas medioambientales deberían estar en la Constitución, pues eso no garantiza que se respeten al 100%. “El articulado que tiene que ver con medioambiente tiene que consagrar derechos fundamentales, como el de acceso al agua. El articulado actual consagra el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, yo puedo devolver la pregunta, ¿ese derecho se ha consagrado?”, pregunta Arriagada.
