Julio Álvarez
Julio Álvarez
Distrito: 26
Partido: Lista del Apruebo / Partido Socialista

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

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Propuestas

Manifiesto Constituyente del Socialismo Chileno

Aspiramos a constituir un Estado social y democrático de derecho, que se complementa por un amplio sistema de protección social que garantice el reconocimiento constitucional de derechos económicos, sociales y culturales, de una provisión universal de bienes y servicios que posibiliten el igual ejercicio de todos los derechos, desde condiciones espirituales y materiales mínimas y las acciones que permitan cautelar su protección, asegurando en el marco del desarrollo sostenible la inclusión social y el reconocimiento a la diversidad cultural, como el respeto a la naturaleza y al medioambiente.
Las y los socialistas estamos convencidos de la necesidad de conformar una sociedad sustentada en la equidad y la justicia de género, avanzando en el reconocimiento de todas y todos los sujetos políticos, sociales y culturales. Es allí donde hacemos hincapié en la superación del modelo actual, para generar una real (re)distribución del poder con perspectiva de género, potenciando una democracia paritaria. Para ello, se debe incorporar a lo largo del texto constitucional derechos y cláusulas específicas con perspectiva de género que permitan superar la asimetría del poder económico, político, social y cultural entre hombres y mujeres.
El socialismo chileno, anclado en su histórico derrotero democrático, libertario y humanista, busca contribuir a una mayor justicia social, a la ampliación de las libertades, garantizando el bienestar de las personas, en especial de todas y todos quienes han sido excluidas o discriminadas por razones sociales, políticas, culturales o económicas. Reconocemos en el movimiento social, que agrupó a organizaciones feministas, medioambientales, por la diversidad sexual y organizaciones sindicales y sociales, el motor que catalizó y posibilitó el proceso constituyente en curso.
2. Promoveremos que la nueva Constitución establezca la mejor síntesis del constitucionalismo del socialismo chileno, cuya fórmula básica será la consagración de un Estado social de derecho en una República Democrática, Participativa y Paritaria
d) Chile, un Estado plurinacional
La libre determinación debe reflejarse en el respeto y recuperación de la propiedad tradicional de las tierras ancestrales indígenas, en el reconocimiento del rol de los pueblos indígenas como garantes de la biodiversidad y de los equilibrios de la naturaleza, y en los deberes del Estado con la protección del patrimonio cultural indígena.
f) Protección de la naturaleza, para un desarrollo sostenible
La nueva Constitución debe establecer mandatos objetivos para la protección especial de la naturaleza, garantizar el derecho a un medio ambiente sano, consagrar los principios preventivos y precautorios, debido a la crisis climática y ecológica que el mundo y el país vive.
El acceso a la información ambiental, a la participación con grados de vinculación, reparación y remediación del daño ambiental y el término de las zonas de sacrificio y el acceso a la justicia ambiental cuyo contenido deberán ser desarrollados por las leyes y las políticas públicas. Al mismo tiempo, se debe establecer un principio de intergeneracionalidad que vele por el derecho de las futuras generaciones a acceder a un medio ambiente sano. A su vez, el Estado deberá velar por un desarrollo sostenible en donde las actividades productivas sean acordes con dicho desarrollo.
La nueva Constitución debe consagrar el derecho humano al agua y de los ecosistemas, esto a través de establecer el agua como bien nacional de uso público y la definición del agua en algunos cauces como bien común y la priorización de sus usos, siendo el principal el consumo humano. Debe, además, ponerse fin a la propiedad del derecho de aprovechamiento de las aguas en rango constitucional.
Se requiere establecer en la Constitución el derecho a la energía y la descentralización de ésta. Un estado plurinacional que en materia ambiental integre la protección de la biodiversidad con las distintas visiones y saberes. La nueva Constitución debe establecer mandatos objetivos para la protección especial de la naturaleza, garantizar el derecho a un medio ambiente sano y adecuado, y consagrar principios como los de precaución y prevención, acceso a la información ambiental, participación pública, reparación del daño ambiental, la utilización racional de los recursos y de acceso a la justicia ambiental cuyo contenido deberán ser desarrollados por las leyes y las políticas públicas. Al mismo tiempo, se debe establecer un principio de responsabilidad y de solidaridad entre las generaciones actuales y las venideras y el deber del Estado de velar por el uso sustentable de los recursos naturales.
3. Derechos, deberes y garantías
La nueva Constitución deberá resguardar el derecho a la salud, el derecho a la educación y el deber estatal de proveer instrucción pública gratuita y de calidad en todos los niveles y modalidades, el derecho al trabajo digno, el derecho a una renta básica o un mínimo vital, el derecho a la vivienda digna y adecuada, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés de la comunidad y no por la especulación inmobiliaria, el derecho a la seguridad social y a prestaciones sociales suficientes y adecuadas para enfrentar situaciones de necesidad como un accidente, invalidez, vejez o el desempleo, el derecho a la huelga efectiva, el derecho a la negociación colectiva por empresa y sector económico, el derecho a la sindicación de todos los trabajadores (incluidos los funcionarios públicos de la Administración civil y policial), la titularidad sindical, el derecho a un medio ambiente adecuado y sano, el derecho al agua y el derecho a la cultura.
4. Democratización del poder
a) Democratizar el poder económico
Una nueva Constitución deberá incorporar las bases de un régimen de impuestos progresivos en consideración de la “capacidad contributiva” del contribuyente, que redistribuya la riqueza que genera la sociedad, y permita impuestos ecológicos, a las grandes fortunas y a ciertas actividades extractivas. El marco constitucional debe entregar libertad para una transformación progresiva del sistema impositivo según lo que exija la justicia social en cada momento histórico.
A su vez, se debe establecer la figura de impuestos de carácter regional, que entreguen autonomía financiera a los gobiernos regionales, especialmente por actividades productivas que generen un menoscabo al patrimonio medioambiental en cada territorio, sin que éstos impuestos puedan afectar el principio de solidaridad interregional, que se expresa, entre otros mecanismos, en herramientas de compensación financiera que aseguren el desarrollo equitativo de todas las y los habitantes de la República.

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