PROGRAMA DE LA LISTA DEL PUEBLO MOVIMIENTO TERRITORIAL CONSTITUYENTE (DISTRITO 5 / REGIÓN DE COQUIMBO)

Estado Ecocéntrico: Establecer una mirada eco céntrica sobre el medio ambiente, su protección y preservación, generando medidas preventivas. El reconocimiento a los animales no humanos como sujetos de derechos. El reconocimiento y garantía del derecho humano al agua, su justa distribución, con orden de prelación según sus usos, es decir, caudal ecológico, consumo humano/agricultura de subsistencia, productivo. preferencia para consumo de las personas y un acceso efectivo al agua potable. La recuperación de los recursos naturales estratégicos a beneficio del país, su industrialización sustentable y la diversificación de la matriz productiva. Utilizar los principios emanados de la ecología para garantizar un enfoque ecosistémico al cuidado, respeto, protección y conservación de la naturaleza y su biodiversidad, reconociéndolos como entes vivos y sujetos de derechos. Cuyo objetivo es entender al ser humano como un componente del ecosistema y a la vez propender a la eliminación de los efectos negativos globales. Propendiendo finalmente a una relación armónica entre sociedad y naturaleza.
Estado Decolonial. El Estado como una herramienta para la cooperación, articulación y construcción de nuevas formas de convivir y organizarse en los territorios, fuera de las lógicas autoritarias del Estado (político y militar) y el extractivismo desde la Modernidad (economía). El Estado asume un rol colonizador integrando a sus valores, principios, orgánica y funcionamiento los saberes ancestrales de los pueblos originarios y los territorios. Integrando distintas formas de organización política y de participación comunitaria, nuevas formas de gestión de los bienes comunitarios y libres en respeto con las prácticas ancestrales de los pueblos y las comunidades, reorganización de los territorios (ciudad y ruralidad) desde la diversidad cultural de los pueblos, establecimiento de justicia comunitaria, educación multicultural, comunitaria y descentralizada, planes de salud respetuosos con las formas de vidas, promoción de tecnología y ciencias desde los paradigmas de nuestros pueblos y naciones originarias y el reconocimiento de los pueblos y naciones originarios desde la perspectiva histórica (integrándola) y movilidad espacial.
Sistema Económico y Mercado Nacional. Creemos que el sistema económico debe combinar la libertad de empresa y comercio para rubros estratégicos, con el proteccionismo nacional a ramas productivas estratégicas para la producción exportación de valores agregados y la consolidación de carreras laborales viables, con el fin de enfocar en ellas la innovación e inversión tecnológicas del país. Por su parte, las riquezas naturales (minas, bosques, aguas) deben pertenecer a la comunidad local, por soberanía territorial. De este modo, su explotación, por empresas públicas o privadas, deberá ser compartida con la comunidad local, o bien compartir su administración y fiscalización, o bien compartir las utilidades. La Totalidad de los servicios públicos que garantizan la vida en comunidad (agua potable, alcantarillado, energía, aseo, transporte público, comunicación, educación, salud, seguridad, etc.) deben ser municipales o ser coadministrados y/o fiscalizados por el Municipio local si son estatales o privados.
Estado como Motor del Desarrollo de Chile. Promover el desarrollo sustentable del país en conjunto con el desarrollo tecnológico que conlleve a la ampliación de la matriz productiva, que nos permita en el mediano plazo pasar de una economía basada en la extracción/exportación de materias primas a productos de valor agregado. Promover la formación de PYMES y la desmonopolización de mercados capturados por grandes empresas nacionales y multinacionales.
Derecho a la propiedad. El reconocer el derecho a la propiedad privada individual y comunitaria, garantizando su función social. Recuperar los recursos naturales estratégicos a beneficio del país. La propiedad privada no podrá estar por sobre el bien común ni la destrucción de la naturaleza.
Derecho a la participación ciudadana. Resguardar el consentimiento libre, previo, vinculante e informado de las personas y comunidades, en todas aquellas materias que afecten sus intereses, instaurando la figura de consulta previa como instrumento base del derecho a participación; buscando así garantizar, fomentar y revitalizar la identidad cultural, las costumbres, creencias y tradiciones distintivas, la reproducción cultural, la libre determinación, la preservación de las culturas y comunidades indígenas.
Derecho al acceso a la información. Garantizar la pluralidad, objetividad y veracidad de la información. La información emitida a la ciudadanía tanto por los medios de comunicación como por los entes del estado será sometida a mecanismos efectivos de control político, jurídico, social y de probidad, para prevenir y sancionar la corrupción, manipulación o tergiversación de la información. Garantizar el acceso a la información expedita, gratuita, universal, con enfoque de género y equitativa, de manera tal que se garantice la igualdad de acceso a todos los sectores de la sociedad, dando especial énfasis a los sectores rurales y con baja conectividad
Derecho a la Alimentación. Garantizar el derecho de la ciudadanía al acceso a una alimentación sana, nutritiva y saludable con pertinencia cultural, de manera tal que el Estado asegure los recursos alimentarios para toda la ciudadanía, proporcionando seguridad y soberanía alimentaria de manera sostenible, asegurando el patrimonio biocultural y la preservación de la biodiversidad agrícola, pesquera, acuícola y ganadera local, dando especial realce a las características de cada sector con preeminencia a los sistemas familiares campesinos. Velar por que las prácticas de producción alimentaria sean respetuosas frente a los ecosistemas, fomentando la capacidad de producción a pequeña escala con el objeto de asegurar la producción de alimentos. Garantizar la existencia de un sistema de economía circular donde los residuos de frutas, alimentos o de descarte de la pesca, sean tratados como nuevos recursos reutilizándolos y distribuyéndolos para alimentar a la población.
Derecho a la Energía. El Estado deberá asegurar el derecho al acceso universal a la energía producida de forma sostenible, debiendo generar mecanismos para garantizar la eficiencia energética, mediante un conjunto de acciones, tecnologías, inversiones e innovaciones que permitan optimizar la energía consumida.
Derecho a la Educación. El Estado debe dar garantías de que los ciudadanos y ciudadanas, a lo largo de toda su vida, desde que nacen y hasta la más alta adultez, sin ningún tipo de exclusión, puedan ejercer su derecho a educarse, en los contextos territoriales y circunstancias temporales que les sean pertinentes o que escojan para este efecto, promoviendo a través de financiamiento, cobertura, soporte técnico y profesional, el desarrollo de programas y rutas educativas democráticas, autogestionadas, colaborativas, participativas, neurodiversas, integrativas, con perspectiva de género, respeto a los derechos humanos y compromiso ecológico y pacífico. La Educación será legitimada tanto en los establecimientos educativos formales, como en proyectos educativos generados por organizaciones, movimientos, juntas de vecinos, comunidades y escuelas libres, que contemplen en sus bases el desarrollo de los potenciales humanos: intelectual, artístico, social, emocional, corporal, sabiduría ancestral y espiritual. La Educación será un concepto que deberá ser explícitamente considerado en la gestión, análisis y decisiones que se lleven a cabo en todos los ámbitos de desarrollo del país, puesto que constituyen un modelo que forma parte de un fenómeno educativo transversal e inevitable, que conlleva consecuencias profundas y estructurantes para el devenir humano. El Estado deberá garantizar una Educación sin segregación y gratuita en todos sus niveles, de forma especial, proteger y custodiar la nutrición afectiva de la primera infancia. En Educación superior, la totalidad de las alternativas académicas deberán asumir la responsabilidad de incluir un perfil de egreso sustentable y respetuoso con el medio ambiente que contribuya al desarrollo Científico y Tecnológico del país. La formación docente deberá ser una profesión priorizada, renovada y responder a una alta calidad, asegurando que las nuevas intencionalidades y sensibilidades educativas puedan ser conducidas a través de ellas y ellos.
Derecho a un ambiente saludable y libre de contaminación. La Constitución debe reconocer y proteger el derecho y acceso al agua, dándole prioridad a las aguas de consumo humano y a la naturaleza, con especial protección a aquellas destinadas a los pueblos originales, frente a la entrega de aguas a los demás sistemas productivos y/o económicos; de manera tal que se pueda acceder al agua dulce potable en todo el territorio nacional, derogando así el actual código del agua; considerando las diversas realidades geográficas e hidrográficas del país, así como el avance de la desertificación y los efectos del cambio climático. Reconocer y proteger los derechos intergeneracionales de la naturaleza; resguardando el derecho a un desarrollo sostenible, consciente de las interacciones y relaciones del ser humano con la naturaleza. Se deben establecer instituciones técnicas idóneas y con participación ciudadana, que monitoreen y fiscalicen los impactos al ambiente, con el fin de prevenir el daño al ambiente y restaurar o reparar en caso de ser necesario, pero siempre en concordancia con la protección y conservación de la biodiversidad rural, local, regional y nacional. Crear sistemas de entrega de información pública, transparente, gratuita y expedita sobre los sistemas de monitoreo existentes.