2. NUESTRA PROPUESTA: UNA NUEVA CONSTITUCIÓN Y UN NUEVO ESTADO.
2.2 CONTENIDOS FUNDAMENTALES PARA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN.
2.1.1 Evolución constitucional: Una Constitución que una y no divida
Así, estas propuestas se fundan en la idea que nuestro país debe mantener como modelo un “Estado Democrático de Derecho” y, a la vez, avanzar en aspectos esenciales como (...) el reconocimiento y valoración de los pueblos indígenas, la incorporación de la perspectiva de género y el desarrollo sustentable, entre otros.
2.2.6 Derechos sociales
Respecto de los derechos sociales actualmente reconocidos en la Constitución (medio ambiente, salud, educación, trabajo, seguridad social y sindicalización), postulamos la necesidad de perfeccionar su configuración, estableciendo de manera precisa respecto de cada uno de ellos, su contenido esencial, los supuestos de hecho de procedencia, los deberes del Estado y sus límites, estableciendo un mandato claro para los órganos legisladores en la definición de políticas públicas que sean compatibles con un principio de responsabilidad fiscal, de forma de asegurar su garantía, sostenibilidad y exigibilidad.
2.2.8 Libertades económicas
El derecho de propiedad es una libertad fundamental que permite a las personas desplegar autónomamente sus proyectos de vida y contribuir al desarrollo del país, debiendo ser ampliamente protegido por la Constitución. Por cierto, la ley puede instituir limitaciones y obligaciones que deriven de la función social de la propiedad y disponer expropiaciones sobre la base de un derecho a indemnización mediante un procedimiento conocido e imparcial.
(...) También creemos que un deber de solidaridad intergeneracional exige incorporar en nuestra Constitución un principio de responsabilidad fiscal, que favorezca el desarrollo de políticas públicas que permitan cuentas fiscales sanas y sustentables a mediano y largo plazo.
2.2.14 Constitución para un desarrollo sustentable.
Nos parece fundamental redefinir el rol que tienen el medioambiente y la naturaleza en nuestra carta constitucional, en sintonía con la valoración que hace la ciudadanía de nuestro patrimonio ambiental. Desde Evopoli, proponemos impulsar con fuerza y decisión el compromiso del Estado y de la sociedad toda con el desarrollo sustentable, promoviendo un nuevo equilibrio entre desarrollo económico, cuidado del medio ambiente y equidad social.
Para ello, nos parece esencial incorporar en el nuevo texto constitucional un deber estatal de considerar los avances más actualizados de la ciencia y la tecnología en el diseño de las políticas públicas tendientes a proteger el medio ambiente. También proponemos incorporar el deber del Estado de asegurar la conservación de nuestro patrimonio ambiental, en particular la preservación de la flora y fauna locales, los glaciares, ríos, lagos y montañas
En Evópoli creemos que Chile debe ser pionero en plantear estrategias innovadoras para enfrentar el cambio climático, ya que siendo un problema de carácter global amenaza en forma decisiva los derechos y oportunidades de los ciudadanos de nuestro país. Para cumplir con lo anterior, vemos en el proceso constitucional que se avecina una oportunidad de incorporar en la Carta Fundamental deberes ciudadanos que den cuenta de compromisos genuinos y exigentes que permitan abordar la urgente tarea de enfrentar las causas y los efectos de esta grave crisis ambiental.
En el mismo orden de ideas, proponemos, además, incorporar un mandato al legislador para crear una nueva institucionalidad en materia de cambio climático, que aborde la tarea de informar y educar a la ciudadanía en los desafíos que éste nos impone como sociedad y que coordine las acciones que los distintos Órganos de la Administración desarrollen al respecto (asignando responsabilidades y metas por sector), promoviendo también que esta coordinación y colaboración se extiendan los distintos actores de la sociedad civil.
Por otra parte, consideramos fundamental que la nueva Constitución Política garantice, a través de la legislación, la conservación de las especies, su función ecológica y la prohibición de todo acto de crueldad en contra de los animales.
Considerando que el agua es un recurso vital para la subsistencia humana y para el buen desarrollo de los ecosistemas, nos parece esencial que sea reconocida su calidad de bien nacional de uso público a nivel constitucional.
Sin perjuicio de lo anterior, será la ley la que defina la forma en que se constituirán los derechos de aprovechamiento, cuyo ejercicio puede verse limitado por razones de bien común, como ocurrirá cuando se requiera asegurar el consumo humano y/o los otros usos prioritarios que defina el legislador, en términos generales o particulares.
En el mismo orden de ideas, planteamos la necesidad de incorporar en el catálogo de derechos fundamentales, un derecho humano al agua, como derecho autónomo, que en cuanto tal, deberá ser garantizado por el Estado.
Ingresa tu correo para mantenerte informado de todas las novedades ambientalmente relevantes ocurridas en la Convención Constitucional.
.