7 propuestas para una #NuevaConstitución desde el Distrito 20

Asegurar el derecho a una vida digna, mediante derechos sociales y ambientales: educación, salud,
Impulsar una Constitución con perspectiva de género, que promueva, garantice y respete los derechos de las mujeres, para superar el machismo y la violencia de género.
b) Promover la perspectiva de género en todo el catálogo de derechos humanos, de forma de combatir la relegación histórica, cultural, económica y jurídica que han relegado a las mujeres y personas de la diversidad y de la disidencia sexual a una posición subordinada de la sociedad tanto en materia de políticas públicas, judiciales como de acceso a determinados derechos
Recuperar las aguas y la naturaleza del mercado y el extractivismo, promoviendo el derecho humano al agua y el reconocimiento de derechos de la naturaleza.
El estado actual de crisis ambiental, climática e hídrica a nivel mundial y nacional debe llevar a replantearnos necesariamente la relación con el ecosistema, desde las bases mismas de nuestra normativa. En tal sentido, resulta insostenible el mantenimiento de una base constitucional en esta materia, que no sólo fue hecha en un contexto muy diferente al actual, sino que dispuso un diseño normativo en materia económica tendiente a favorecer la propietarización y mercantilización de los elementos naturales por sobre un enfoque en su protección y utilización racional, equitativa y sostenible.
Para hacernos cargo de esta desafiante realidad que marcará las próximas décadas y muy posiblemente todo este siglo, es relevante que discutamos sobre una Nueva Constitución que considere los siguientes elementos en materia de ecosistemas:
a) La protección del ecosistema y la justicia ambiental como principios constitucionales básicos.
b) El reconocimiento de los derechos de la naturaleza como interés autónomo, unidos a mecanismos que permitan hacerles exigibles.
c) Establecer un principio de igualdad ambiental entre las personas, comunidades y territorios, que impulsen mecanismos para una equitativa distribución de las cargas ambientales y la obligación del Estado de implementar acciones de recuperación de aquellos territorios ambientalmente devastados (zonas de sacrificio).
d) La protección a los bienes naturales comunes, como el agua, reconociéndose como inapropiables, reforzando la prevalencia del interés público en su uso y la gestión integral, pública y comunitaria sobre los mismos.
e) Reconocer la relevancia que el agua tiene en la cosmovisión de Pueblos originarios, respetando este rol y otorgando la debida protección a los usos culturales y rituales del agua.
f) Consagración del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, asegurando de forma prioritaria el consumo humano, la conservación ambiental y los usos ancestrales.
g) Establecer mecanismos de democracia ambiental, a través de los cuales se asegure a la ciudadanía el efectivo acceso a la información, incidencia y capacidad de decisión en la elaboración de políticas ambientales y ejecución de proyectos que afecten los ecosistemas.
h) Fortalecer las competencias de los órganos y autoridades locales en materia ambiental.