Patricia Politzer
Patricia Politzer
Distrito: 10
Partido: Independiente / Independientes por la Nueva Constitución
Temáticas: Agua / Alimentación / Buen Vivir / Cambio Climático / Cuidado y Protección Ambiental / Derecho a un medioambiente sano o libre de contaminación / Derecho de propiedad / Derechos de acceso a justicial ambiental / Derechos de la naturaleza / Enfoque ecocéntrico / Institucionalidad ambiental / Modelo de desarrollo / Principios ambientales / Recusros naturales

Periodista de la Universidad de Chile, ha ejercido en distintos medios de  comunicación, especializándose en entrevistas y análisis político.

@patriciapolitz
@patricia.politzer
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Propuestas

II. DIAGNÓSTICO: LA SITUACIÓN ACTUAL DE NUESTRO PAÍS
Estamos enfrentados a una crisis multidimensional, cultural, económica, política, social y ambiental, y en ese contexto, compartimos una convicción profunda sobre la necesidad de generar un nuevo pacto social y político.
Esta crisis se origina en la concentración crónica de la riqueza y del poder político; en la desigualdad económica, territorial, de género y de trato en general y para los pueblos indígenas en particular; en la falta de confianza e incluso rechazo en las instituciones y en los limitados espacios de participación; y en el ensanchamiento de las brechas sociales, en el cambio climático global y en el malestar generalizado de los sectores medios, vulnerables y en pobreza.
III. UN NUEVA CONSTITUCIÓN PARA CHILE
(...) Como valor de nuestra especie, la dignidad incluye también el respeto y protección de la biodiversidad del planeta que habitamos junto con otras especies, mientras que, como valor de cada individuo, la dignidad es base para que cada persona forje su propia individualidad sin incurrir por ello en un individualismo insolidario y egoísta.
(...) En mayor detalle, mi propuesta para la nueva Constitución, junto con el resto de los Independientes por la Nueva Constitución, abarca los siguientes puntos:
– Quiero una nueva Constitución que reconozca al medio ambiente como base de la vida y de la comunidad;
IV. PROPUESTAS CONCRETAS PARA LA NUEVA CONSTITUCIÓN
b. Una nueva Constitución que reconozca al medio ambiente como base de la vida y de la comunidad
La urgencia de la crisis climática y ecológica es un proceso en marcha de deterioro estructural de las relaciones socio naturales, de la calidad de vida y de las relaciones sociales que impone grandes desafíos en el ámbito político y jurídico. Sin embargo, en la actual Constitución sólo están abordados el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la obligación del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza y la posibilidad de limitar otros derechos (especialmente el de propiedad) para proteger el patrimonio ambiental. Por otro lado, si bien se reconoce que los bienes comunes (nacionales de uso público) no son apropiables, igualmente se establece un derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas. Por su parte, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación ha sido defendido mediante el recurso de protección, aunque con mayores restricciones que otros derechos.
De esta forma, la nueva Constitución será la primera redactada en un escenario de crisis ambiental que no ha podido ser abordada por las normativas existentes, a pesar de los compromisos políticos y de la evidencia científica. Por ello, la futura Carta requiere de un enfoque ecológico, que coloque en el centro de los objetivos de la organización social, la mantención de nuestro entorno como base en la que sustenta la vida en todas sus formas. Lo anterior sólo es posible de lograr en un tránsito rápido hacia una relación de mayor armonía entre la sociedad y el medio ambiente, con la tutela del Estado.
En el sentido anterior, una nueva Constitución debe incorporar los principios de protección ambiental, justicia ambiental e intergeneracional y buen vivir (Sumak Kawsay o Kume Mongen) así como un reconocimiento de la crisis climática, la obligación del Estado de cumplir con las metas de mitigación en un entorno de transición justa y de propiciar la adaptación desde los territorios.
Desde el punto de vista de la organización del Estado, además, la protección ambiental efectiva requiere de una Defensoría Pública de la Naturaleza y de agencias independientes que velen por la evaluación de proyectos y fiscalización en materia ambiental.
La protección ambiental pasa también por el reconocimiento de los bienes comunes como tales, incluyendo el agua, el aire, el mar, las riberas, las altas montañas, los recursos hidrobiológicos, los minerales y las funciones eco-sistémicas, entre otros. Este reconocimiento implica asegurar su sostenibilidad, distribución equitativa y resguardo para las generaciones futuras. Esto debiera estar acompañado del reconocimiento de los derechos de la naturaleza, en la visión de los pueblos originarios, entendiéndola como base de la vida y como la interacción entre los diferentes elementos que la componen.
En lo que se refiere a los derechos, el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado consistiría en una actualización de la nomenclatura actual, que incorpora además una visión del valor intrínseco del medio ambiente. Junto a él, el reconocimiento de los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental y el derecho de acceso a los bienes comunes, especialmente al agua, son también actualizaciones mínimas, para alcanzar los estándares de derechos humanos actuales. Nuestra propuesta también proyecta analizar otras formas de limitar la propiedad privada y pública en beneficio de la protección ambiental por razones de su función social

e. Una nueva Constitución que reconozca a los pueblos originarios de nuestro país, sus derechos y el carácter plurinacional del estado
La idea que en Chile no hay una sola nación, sino varias es la que está a la base del concepto de plurinacionalidad. En un sentido contrario, en nuestro medio constitucional, ha predominado la idea que “la Nación chilena es una e indivisible”. La plurinacionalidad busca, entonces, cambiar ese paradigma y asumir que, como existen diversos pueblos que habitan en el territorio del Estado chileno, ellos tienen derecho a que la arquitectura constitucional del Estado los reconozca como tales, sin pretender asimilarlos o siquiera “concederles” ciertas prerrogativas. La idea de plurinacionalidad pretende que esos pueblos y naciones se sitúen en un pie de igualdad, sobre la base de ciertos derechos y facultades que puedan ejercer autónomamente.
Ejemplos de esto son los derechos que se debe reconocer en materia de administración de justicia, recursos naturales, representación política y deber de consulta a los pueblos cuando el Estado busque adoptar medidas que les puedan afectar conforme a los estándares internacionales.
g. Una nueva Constitución que establezca un régimen democrático y representativo e instituya instrumentos de participación directa y deliberativa
Junto a los partidos políticos, han surgido movimientos sociales y grupos de interés que se presentan como portadores de intereses, visiones y demandas de las más diversas realidades existentes en el amplio espectro popular. Entre ellas destacan, por ejemplo, movimientos y organizaciones feministas, ecologistas, indigenistas, de la diversidad sexual, étnica, etc. Estas organizaciones demandan incidir en el ejercicio del poder, yendo más allá de las fórmulas mediadas por partidos políticos y en general de la representación electoral. Esas organizaciones reivindican el derecho de representar directamente sus necesidades e intereses, como asimismo de participar en los procesos deliberativos mediante los cuales se diseña, se implementa y se evalúa la gestión de las políticas públicas por los órganos del Estado. Existe así un desafío por nuevas formas de participación a las que se suman demandas ciudadanas por una mayor incidencia.
i. Una nueva Constitución que establezca un estado social de derecho en el que las políticas económicas se definen democráticamente
Chile es un país de profundos contrastes socioeconómicos. La desigual distribución del ingreso, el poder y las oportunidades, se traduce en un dispar acceso a los bienes básicos como la salud, la educación, la seguridad social y la vivienda, por mencionar algunos. En parte, ello es consecuencia de que en la práctica la Constitución actual privilegia las soluciones de mercado y limita el rol del Estado para corregir estas desigualdades. Esta apuesta constitucional por el mercado es cuestionable por dos razones. La primera, porque se realizó sin dar suficiente consideración a sus fallas tradicionales, como asimetrías de información, costos de transacción, concentración de mercado y monopolio, problemas de agencia, externalidades, y otras circunstancias que dificultan lograr el bienestar social. La segunda, porque ha dificultado a los sucesivos gobiernos y al legislador democráticos, adoptar políticas económicas basadas en principios de solidaridad, que garanticen derechos sociales o destinadas a corregir situaciones de desigualdad estructural que afectan a grandes sectores y grupos específicos de la población. Tanto porque la escala de la intervención estatal no es suficiente para la magnitud de los desafíos sociales en materia económica, como porque el diseño institucional actual favorece la captura y corrupción, el desempeño del Estado presenta problemas importantes. Ejemplo de ello es la regulación en materia medioambiental, cuyas deficiencias han generado la degradación de ecosistemas, poniendo en riesgo la biodiversidad, la seguridad climática, alimentaria e hídrica, así como los medios de vida tanto de las generaciones actuales como de las futuras.
(...) Los objetivos de este Estado son el bien común, el bienestar social y el desarrollo humano y sostenible, para lo cual debe actuar sobre la base de los principios de eficacia y eficiencia, probidad, descentralización e innovación, integrando los aportes de la sociedad civil en la búsqueda, configuración y logro de sus objetivos. En el cumplimiento de sus objetivos, el Estado debe facilitar la generación de la riqueza disponiendo de una institucionalidad que proteja a las generaciones futuras, garantizando para ellas un medioambiente sano, que permita conservar la biodiversidad, conservando su capacidad de gasto.
Además de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que garanticen las condiciones necesarias para una vida digna, corresponderá a la nueva Constitución asegurar la igualdad en el trato que el Estado y sus organismos deben dar en materia económica, los derechos a la libertad de emprendimiento, de propiedad, así como velar por los derechos de los consumidores. Vinculado con el derecho de propiedad privada, y atendiendo a su función social, la Constitución debe armonizar su ejercicio con las necesidades generales de la sociedad, en particular con la protección del medioambiente. En consecuencia, la legislación debe estar en condiciones de establecer regulaciones por razones de bien común, y de autorizar la expropiación, compensando debidamente y en efectivo en este caso a los titulares de los recursos privados.

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