PROGRAMA PARA LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL MOVIMIENTO POR LA DEFENSA POR EL ACCESO AL AGUA, LA TIERRA Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
I. Principios rectores del desarrollo político, social, cultural, económico y ambiental de Chile
Chile es una república democrática participativa, cuya soberanía reside en sus pueblos, con un Estado plurinacional garante de derechos y solidario, que se orienta al máximo bienestar de sus habitantes, que promueve el desarrollo igualitario, justo y ecológicamente sustentable.
Algunos principios en los que se funda el país son: ● Democracia participativa 2 ● Derechos Humanos ● Igualdad ● Justicia social y ambiental ● Equidad intergeneracional ● Plurinacionalidad ● Feminismo ● Buen vivir
II. Contenidos esenciales para desmontar la institucionalidad neoliberal
Una nueva constitución al servicio de las mayorías debe garantizar, no solo los derechos civiles y políticos reconocidos en el derecho internacional, sino que los derechos sociales que permitan el disfrute de una vida digna, esto es, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la seguridad social, derecho a un medioambiente sano, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho a la huelga, derecho al agua, entre otros derechos.
● Nacionalidad, Plurinacionalidad, reconocimiento, derechos y autonomías de pueblos indígenas
En concreto, se presentan las siguientes propuestas:
5. Protección constitucional del patrimonio indígena (espiritual, territorial, económico, medioambiental)
6. Aplicación directa del Convenio 169 de la OIT, y establecimiento del principio de consentimiento previo, libre e informado.
● Por un Estado garante de derechos y solidario
Como movimiento apuntamos a la edificación de un Estado que tenga una perspectiva solidaria de la vida social y que garantice derechos sociales, derecho humano al agua y protección de la naturaleza por sobre los negocios y el mercado en estos ámbitos esenciales de la vida. Esto implica superar el Estado mínimo que favorece al mercado y darle poder para ser un agente activo de una economía sustentable, que permita transitar hacia otro modelo de desarrollo que agregue valor, diversifique la producción con investigación e innovación e invierta en los territorios, las comunidades y en actividades económicas sostenibles.
● Por un nuevo modelo de desarrollo y nuevas formas de propiedad
La Constitución actual superpone el derecho de propiedad por sobre cualquier otro tipo de derechos, sin ponerle límites en su texto, lo que sienta las bases de su carácter economicista, que supedita el interés común al interés privado. La principal orientación neoliberal (o neoclásica) impuesta bajo el pensamiento del “padre del neoliberalismo” von Hayek, está consignada en el artículo 19 nº24 de la actual Constitución. Otros tipos de propiedad, como la propiedad comunitaria o estatal pierden importancia en la actual carta magna, lo que cierra la posibilidad a otras formas de gestión de la economía. Como Modatima proponemos restringir el derecho de propiedad sobre los bienes corporales. Esto implica, que bienes no corporales, como el derecho de aprovechamiento de agua, no pueden ser considerados como propiedad, sino que debe prevalecer su consideración como derecho humano o bien nacional de uso público. A su vez, se debe limitar el derecho de propiedad toda vez que afecte a los derechos políticos, sociales, económicos, culturales o ambientales, ya que a la fecha solo el código civil y ciertas leyes ponen límites al derecho de propiedad. Se reconocerán otros tipos de forma de propiedad, superando este enfoque acotado estrictamente a la propiedad privada. Podrán existir formas de propiedad comunitaria, de tal forma de sentar las bases de la gestión y protección colectiva de bienes comunes, tales como los ríos, bosques o glaciares, por ejemplo. También, podrán existir formas de propiedad estatal, otorgando al Estado un rol activo en la economía, siempre en coherencia con los principios de justicia ambiental y sostenibilidad. Una concepción amplia de la propiedad, así como un Estado garante de derechos que asegura la participación de sus habitantes en las decisiones y que es un agente de la economía, permitirá transitar hacia un modelo de desarrollo socialmente justo, económicamente equitativo y ecológicamente sostenible.
● Derechos de la naturaleza y derecho a un medioambiente seguro, sano y sostenible
La naturaleza tiene un valor intrínseco que durante siglos ha sido despreciado. La crisis climática y las décadas de políticas de despojo socioambiental nos alerta que debemos fundar una nueva relación con la naturaleza, como forma de proyectar una humanidad consciente de su importancia, que vela por la justicia y la democracia ambiental y pone en práctica la equidad intergeneracional. En línea con lo anterior, tal como lo plantean las constituciones de los pueblos de Bolivia y Ecuador, Modatima defenderá la idea de consagrar los derechos de la naturaleza en la carta magna, de tal manera de considerarla como sujeto de derecho. A su vez, en línea con el derecho internacional apuntaremos a consagrar constitucionalmente el derecho a un medioambiente sano, el cual trae aparejada la obligación del Estado de asegurar el disfrute de un medioambiente seguro y sostenible, que no comprometa la vida de las generaciones presentes ni futuras. Por ello, una nueva constitución, debe plasmar los principios de un estado democrático y social de derechos que reconozca como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad y la promoción de la igualdad material de mujeres y hombres y su relación indisoluble con la naturaleza. Es deber del Estado y las personas asegurar un legado vital natural para las futuras generaciones que sostenga las bases naturales de la vida, promoviendo la solidaridad intergeneracional. El Estado, a través de sus poderes ejecutivo, judicial y legislativo, promoverá la protección, restauración y conservación de la naturaleza, que se constituirán como fines del Estado. El cuidado, la preservación, la restauración y regeneración de nuestro ecosistema debe estar consagrado en la Constitución y estar por sobre el progreso económico y los avances científicos. La Carta Magna debe garantizar que ni el mismo Estado, ni los grandes grupos económicos pueden destruir nuestro hogar, ni el de nuestros hij@s. Es por esto que urge crear una Defensoría Ambiental para garantizar el acceso a la justicia de todas y todos.
● Agua como bien común y derecho humano
La Constitución actual incluye los derechos de aprovechamiento de agua en el numeral del derecho de propiedad (art.19 numeral 24). Si bien, en el código de aguas y en el código civil el agua es considerada un bien nacional de uso público, el solo hecho de que sus derechos de aprovechamiento sean considerados propiedad en la constitución determina su carácter. Para cambiar esta situación, es preciso que en la Constitución se considere el agua como un derecho humano, un bien común y bien social de uso público, consagrando el derecho de todas las personas de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico Asimismo, se propondrá que la regulación considere criterios ecológicos, de justicia y democracia en su gestión. Todas las especificaciones respecto de su uso, deberán ser reguladas en una ley, lo que implica que en el futuro tendremos que cambiar el código de aguas vigente
Vivienda y derecho a la ciudad
La creación y producción de la ciudad debe estar en manos del pueblo, en donde este construya el espacio público según sus necesidades e intereses. Para ello, es fundamental que cada persona cuente con su vivienda, barrios sustentables y hábitat sanos que permitan el desarrollo a escala humana integral. La producción social del hábitat debe ser un derecho para las personas que se organizan y desarrollan actividades colectivamente para lograr su casa.
El Buen Vivir
Buscamos que la organización de la vida social, económica, política y cultural se sustente en la solidaridad, la comunidad y lo colectivo. El Estado debe ser el garante de los derechos sociales, de la dignidad humana, de la justicia social, la igualdad, la libertad y el respeto por nuestro entorno.
● Descentralización y democracia
También, se requiere una descentralización económica (tributaria), que se traduce en lograr que un porcentaje de los impuestos queden en las regiones y comunas para ser reinvertidos en los territorios.
Proponemos:
Ordenamiento Territorial basado en Ecosistemas
Descentralización
Defensoría del Medioambiente y Defensoría del Pueblo
Límites a la propiedad y a la libertad económica
Derechos de Participación y acceso a la justicia Acción de protección y acción popular Existencia de referéndum revocatorios Plebiscitos sobre temas importantes para el país Directorios revisores ciudadanos Inclusión de miembros de organizaciones de la sociedad civil en los cuerpos directivos de agencias administrativas Día de la deliberación, instancia en que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan la oportunidad de participar en asambleas de sus unidades territoriales para discutir y tomar posturas sobre temas de interés nacional definidos previamente, eligiendo delegados/as que serían parte de asambleas más generales donde se sintetizan las opiniones de las unidades más pequeñas.