Programa Constitucional Lista: Asamblea Popular Constituyente - Chile Digno Verde y Soberano – Frente Amplio

I. Principios y valores que deben inspirar la Constitución
(...) Una institucionalidad que proteja de manera activa el medioambiente, basada en la justicia ambiental y la restauración ecológica como único camino para alcanzar un desarrollo sustentable y una forma de vida armónica con nuestro entorno natural que se sostenga en los principios del Buen Vivir.
II. Carácter del Estado
El Estado es plurinacional en tanto garantiza los derechos colectivos de los pueblos originarios de conservar, fortalecer su identidad, patrimonio cultural y religioso y sus lenguas, de tener instituciones políticas autónomas y el derecho a la tierra y el agua, además de la participación en todos los niveles de la vida institucional mediante el ejercicio de los derechos al consentimiento libre previo e informado respeto a proyectos que pudieran afectar su forma de vida o territorios.
III. Modelo Económico.
El Modelo neoliberal que nos ha regido ilegítimamente, acompañado de un marco jurídico que crea la institucionalidad para imponerlo (Constitución Política, Código del Trabajo, Dcto. Ley 3500, Código de Aguas, Código Tributario, etc.), ha llevado al extremo el carácter subsidiario del Estado, salvo en su aspecto represivo, que se ha traducido en una agudización abierta y descarada de la contradicción capital-trabajo, que ha incidido en la precarización de la vida de quienes menos tienen y en un irracional endeudamiento de la clase media. Junto a ello, el modelo extractivista ha generado un impacto como nunca antes en términos medioambientales y de tensión de recursos, con el agotamiento de suelos, desertificación, impactos a la flora y fauna, etc. Ante ello, el Estado ha permanecido inactivo frente a la voracidad del mercado, bajo una lógica depredadora cuyo único fin es maximizar las ganancias sin pensar en los intereses nacionales. La superación de este sistema económico de carácter especulativo financiero-rentista, implica pensar en un marco jurídico que instaure un orden público económico de carácter auténticamente nacional, pensado para las grandes mayorías, que ponga como eje central, el desarrollo con sustentabilidad basada en la soberanía alimentaria y otras formas productivas ancestrales. Se requiere pasar a una segunda fase exportadora, que debe implicar el diseño e implementación de un Proyecto de Desarrollo Nacional, ampliamente debatido, y que contemple en su factura la participación del pueblo, para que así, sea apropiado y defendido en su momento. Para ello es fundamental el diseño de una política nacional de ciencia y tecnología, para asegurar independencia económica y energética a largo plazo, además de implementar un programa de recuperación de los desastres ambientales herencia del neoliberalismo, recuperando zonas y recursos para el desarrollo económico democrático del país. En definitiva, un orden económico que contemple lo privado, mixto y lo público en equilibrio, así como la propiedad comunitaria de los pueblos originarios.
El nuevo orden público económico debe basarse en una política económica redistributiva de carácter democrático, bajo el principio de soberanía nacional, que implique la renacionalización del cobre y otros recursos, ello con la finalidad de solventar el desarrollo económico con igualdad social y respeto por los frutos de la madre tierra bajo los preceptos de Buen Vivir.
IV. Derechos fundamentales
1.- Derechos de las mujeres y disidencias sexuales y de género: La Nueva Constitución deberá concebir al Estado como promotor y garante de: a) el derecho a una vida libre de violencia hacia mujeres y niñas, lo que implica la adopción de todas las medidas para la prevención, el tratamiento, reparación sanción y erradicación de toda forma de violencia; b) el derecho a la participación y representación política, asegurando los mecanismos para la redistribución del poder en la totalidad de los espacios políticos; c) los derechos sexuales y reproductivos que incluyen el derecho a la privacidad e intimidad, a la diversidad sexual, a la educación sexual laica basada en la ciencia y en el derecho, a la expresión de las sexualidades, a tomar decisiones sexuales y reproductivas sin coerción, incluida la maternidad voluntaria, al placer sexual y a la atención y protección de la salud sexual y reproductiva durante toda la vida; y d) la corresponsabilidad frente al trabajo doméstico y de cuidado, garantizando una organización social del cuidado que involucra al Estado, el sector privado y la comunidad en su conjunto.
2.- Medio ambiente y bienes comunes naturales: La constitución debe garantizar el derecho a vivir en un medioambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho humano al agua, el derecho a la naturaleza y el derecho a la soberanía alimentaria. Asegurando una administración descentralizada de los territorios que permita una transición hacia un modelo socioeconómico que haga uso de los bienes comunes con relación armónica y recíproca entre los pueblos y la naturaleza para alcanzar el Buen Vivir y la justicia intergeneracional.